UBER EATS cobra a los restauranteros un porcentaje mayor al 30% del consumo efectuado por el usuario de la aplicación. Dicho porcentaje se encuentra establecido en una cláusula del Contrato de Prestación de Servicios que cada restaurante firma con UBER EATS. La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe a los proveedores, como UBER EATS, a imponer cláusulas que resulten abusivas o inequitativas. Dicho porcentaje es inequitativo o abusivo en virtud de que UBER EATS no proporciona el servicio de transporte del pedido, ni tampoco interviene en la elaboración del mismo, sino que dichas actividades son llevadas a cabo por el repartidor y el restaurantero, respectivamente. La inequidad o abuso radica, precisamente, en que UBER EATS no lleva a cabo ni garantiza la entrega del pedido, ni tampoco lo elabora, por lo que el 30% es notoriamente alto; más si dicha tarifa se compara con las cobradas por otras aplicaciones de entrega de comida a domicilio como son RAPPI, DELANTAL, entre otras, las cuales oscilan del 15% al 20%.

En adición a lo anterior, y con motivo de la pandemia por Covid-19, la mayoría de los restauranteros se han visto orillados a utilizar la plataforma de UBER EATS para mantener su viabilidad económica, y UBER EATS, en lugar de mostrar empatía por la situación de impacto global, optó por aumentar sus tarifas en más del 30%, en perjuicio de los restauranteros.

Con la acción colectiva se busca:

• Que se obligue a UBER EATS a reducir sus tarifas en un 15%.
• Que se obligue a UBER EATS a devolver a los restauranteros los daños y perjuicios ocasionados por la aplicación de una tarifa abusiva o inequitativa.

AT&T Tendra que devolver aproximadamente 40 mil millones de pesos a todos sus clientes  a consecuencia de una demanda colectiva.

Con orgullo informamos a la Colectividad que mediante la sentencia del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, después de 6 años de arduo trabajo y venciendo el “influyentismo” que, es la peor forma de corrupción judicial, se determinó que Nextel no acreditó que la función de radio o trucking funcionaba eficientemente, trayendo como consecuencia que todos los clientes (aproximadamente 4 millones de personas) puedan reclamar el reembolso del 20% de los pagos realizados a dicha empresa desde Septiembre de 2008 y hasta la fecha. Lo anterior, en virtud de que el artículo 92 de la Ley de la PROFECO nos da derecho como consumidores a dicho reembolso, cuando cualquier proveedor de bienes y servicios no nos entregan el 100% de lo que se comprometen a dar. Este asunto constituye el primer juicio colectivo que tendrá un enorme impacto en beneficio de millones de personas y de manera importante castigará económicamente a una empresa que por años abusó de sus clientes, al seguir cobrando el 100% de las facturas sin entregarnos el mismo porcentaje de los servicios contratados. Por un lado, uno de los principales objetivos de las Acciones Colectivas es brindar una justicia efectiva, masiva y gratuita y, por el otro, inhibir que las empresas continúen cometiendo abusos.

¡¡¡Enhorabuena y que vengan muchas más!!!

Es importante tomes en cuenta que, para beneficiarte de este juicio, debes adherirte a la demanda colectiva mediante el llenado del formato que para dichos efectos se encuentra disponible en esta página y/o en colectividadtelcel.com

¡Respecto de Telcel, cada vez estamos más cerca!

Re:El “Establishment” y las Acciones Colectivas

Me dirijo a ustedes buscando su reflexión y responsabilidad con el País.

El “Establishment” que, como ustedes saben, consiste en el control de una sociedad a través de un pacto entre politicos, empresarios, banqueros y los medios de comunicación; por ningún motivo debe incluir al PODER JUDICIAL porque sencillamente la balanza de la justicia desaparece. El libro de Owen Jones contiene grandes enseñanzas respecto del “Establishment”.

Esta intromisión del “Establishment” con el Poder Judicial es lo que ha contribuido importantemente a la inseguridad, impunidad y corrupción, principales lastras del país de las cuales los mexicanos estamos hartos. Como consecuencia de ello, a nivel mundial, en materia de justicia de acuerdo con el “WJP Rule of Law Index 2017”, México está en el lugar 92 de 113 cuando países similares al nuestro, ocupan los siguientes lugares: Brasil (52), Canadá (9), Chile (27), Colombia (72), Costa Rica (24), Uruguay (22) y España (23) por mencionar algunos. Específicamente, en materia de justicia civil estamos en el lugar 100 de 113 y en justicia penal en el 105. Solamente países como Afganistán, Cambodia, Myanmar, Bolivia y Venezuela, donde sabemos no hay estado de derecho, están peor que nosotros.

La forma legal de pedir cuentas y responsabilidades al “Establishment” es mediante las Acciones Colectivas de muy reciente creación en México, cuando en los países mencionados en el párrafo anterior, fueron implementadas exitosamente tanto en lo teórico como en la práctica hace muchos años, siendo éstas una de las principales causas de tener un lugar digno en el mundo en materia de justicia.

Desafortunadamente, el “Establishment” desde su inicio limitó importantemente a las Acciones Colectivas a través del “loving” al haber establecido como requisito para obtener los beneficios el manifestarlo por escrito, cuando en el resto de los países las colectividades se benefician sin la necesidad de hacer nada.. Es urgente que los legisladores cambien esto.

La responsabilidad de darles esta opción a las colectividades se la impuso el legislador a los jueces, quienes desafortunadamente no han cumplido con dicha obligación.

La experiencia demuestra que el “Establishment” no permite que los 110 millones de mexicanos nos enteremos de la existencia de las Acciones Colectivas, lo cual, en mi opinión, es un gran error, ya que mediante las Acciones Colectivas se puede exigir, por ejemplo: a los organismos de agua cumplir con las NOM’s en la materia y hasta los estándares internacionales. ¿Por qué en México no podemos tomar agua de la llave, pero sí ser el país donde más se vende agua embotellada; ¿Por qué pagamos por una energía eléctrica cara y mala? Esto puede revertirse con las Acciones Colectivas; De los Concesionarios de Transporte podemos lograr que pongan unidades dignas en las calles; Con las Acciones Colectivas se pueden mejorar importantemente los servicios de salud, y de hecho ya existe una Acción Colectiva contra el IMSS. Se pueden mejorar los servicios y costos bancarios y de las indemnizaciones de las aseguradoras; apoyar a millones de personas que son víctimas en la compra de sus casas de interés social y en compras con la promesa de pagos chiquitos; exigir compensaciones como consecuencia de la declaración de clausulas abusivas incluyendo las televisoras de paga, en general inhibir y eliminar los abusos de muchas empresas asi como mejorar el medio ambiente, etc. etc.; sin embargo, tanto ustedes como el “Establishment” no lo han permitido.

En el 2013 tuvimos la gran oportunidad de que 70 millones de mexicanos (clientes Telcel) se enteraran de las Acciones Colectivas, pero ustedes con el gran poder e influencia que tienen, lograron que la Primera Sala de la Suprema Corte (SCJN) no quisiera atraer nuestra solicitud de que el Juez ordenara a Telcel, incluir en sus facturas electrónicas y en su página de internet una leyenda de la demanda para dar la oportunidad a sus clientes de beneficiarse de obtener un reembolso del 20% de los pagos que hemos realizado desde el 2008. En consecuencia, el asunto regresó a un Colegiado de Mexicali, donde también lograron con su gran influencia que el mismo irresponsablemente concluyera que, un sólo edicto en el Excélsior era suficiente para informar a 70 millones de personas de la Acción Colectiva. Con este involucro de la SCJN como parte del “Establishment”, se enterraron las Acciones Colectivas y sus beneficios sociales por varios años.

Por otro lado, su estrategia de defensa legal en las demandas colectivas contra Telcel ha sido, en mi opinión, errónea, omnipotente y hasta una burla al sistema. Errónea porque el asunto lo han convertido en una bola de nieve y actualmente representa un riesgo contingente para Telcel de la cantidad equivalente al 40% de sus ventas de los últimos 10 años. Por cierto, de esto no se ha informado al público inversionista. Omnipotente porque desprecian y recurren sin fundamento las resoluciones del Juez (en un sólo expediente llevan más de 70 recursos o impugnaciones, las cuales han perdido en un 95%). Como resultado de dicha omnipotencia, el Juez al dictar la sentencia únicamente tomará en cuenta el dictamen del perito en telecomunicaciones de la colectividad, ya que ustedes no permitieron la entrada al perito a sus instalaciones, no obstante, la orden y apercibimiento del Juez. También, el Juez desde el 2015 les ordenó publicar en su página de internet y facturas electrónicas una leyenda de la demanda lo cual han venido “chicaneando” desde entonces a través de un amparo y varias quejas. Una burla porque lograron que el IFETEL no elaborara el estudio y apoyo que solicitó la colectividad, bajo el mismo argumento que usaba la COFETEL al señalar que no tiene los recursos técnicos y humanos para ello. ¿Por qué en Estados Unidos decidieron llegar a una transacción pagando 40 millones de dólares a la colectividad inmediatamente después de certificarse la “Class Action” contra “TracFone”que, entiendo es su Telcel en el país vecino? ¿De verdad creen que una estrategia diferente funciona bien en México?

Me parece que aún están a tiempo de cambiar la estrategia y llegar a un acuerdo con la colectividad, lo cual sería una situación de ganar-ganar y se ayudaría mucho al sistema de justicia del país. Les pido me den la oportunidad de platicar más ampliamente de la conveniencia para ambas partes y del país de una transacción, a la cual podríamos llegar en términos similares a la de “TracFone”.

A t e n t a m e n t e,

LM Krasovsky y Asociados, S.C. y

Luis Miguel Krasovsky Prieto,

potencialmente representantes de aproximadamente

70 millones de personas